Dar información veraz y verificable es una práctica de gestión, de la máxima prioridad para el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB); nuestro compromiso con nuestra profesión y con la Sociedad nos obliga a ello.

Este apartado incluye las acciones en las que el CGCOB se ha visto envuelto, con objeto de defender lo que sus órganos de gobierno consideran que son sus legítimos intereses organizativos. Cuando las vías del diálogo institucional y de la reclamación formal en el ámbito administrativo no han solucionado el desencuentro, las partes hemos recurrido a la vía jurisdiccional; en unas ocasiones, el CGCOB es el demandante; en otras ocasiones, el CGCOB es el demandado.

Hay dos elementos de fricción entre el CGCOB y algunos colegios territoriales de biólogos, que en concreto son el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y el Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears.

El primer elemento generador de conflictos es la no aceptación, por los órganos de gobierno de dichos colegios territoriales, de los acuerdos democráticamente tomados por el Pleno del CGCOB, en sesiones convocadas de acuerdo con el artículo 6.9. de sus Estatutos vigentes.

El segundo elemento de fricción se refiere a la relación formal entre por una parte el CGCOB y el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y por otra, el CGCOB y el Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Este segundo frente de desacuerdo surge a raiz de los cambios de los respectivos Estatutos de ambos colegios territoriales, para adecuarlos a las respectivas legislaciones de sus Parlamentos en materia de colegios profesionales; de modo muy parecido, ambas disposiciones establecen que los colegios profesionales, en su correspondiente ámbito territorial, ejercen las funciones propias de un consejo general; este planteamiento es aparentemente contrario a la legislación española relativa a los consejos generales de colegios profesionales, que otorga competencia en todo el territorio español al consejo general de colegios profesionales de cualquier profesión. Este planteamiento dispar ha llevado hasta el Tribunal Constitucional las leyes de colegios profesionales de Euskadi y Catalunya, con objeto de que éste dirima en qué términos deben establecerse las relaciones entre un consejo general de colegios profesionales de una profesión y los colegios de esa misma profesión, de ámbito territorial correspondiente a Catalunya o a Euskadi.

A partir de la adaptación de los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (Orden, de 10 de marzo de 2004, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social) y del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (Resolució JUS/3.536/2009, de 7 de diciembre, de la Consellera de Justicia) a sus respectivas legislaciones sobre esta materia, este segundo elemento de fricción se superpone al primero.

La morosidad sistemática y reiterada de los colegios territoriales de Biólogos de Catalunya, Comunidad de Madrid, Euskadi e Illes Balears, contraviniendo los acuerdos democrática y legalmente adoptados por el Pleno del CGCOB, generan tres tipos de perjuicios; el primero afecta negativamente al funcionamiento normal del CGCOB y además le produce gastos judiciales; el segundo alcanza al resto de colegios territoriales de Biólogos, que, a cuenta, aportan más recursos que los que les correspondría, para paliar el daño producido por la morosidad; el tercero incide en los propios colegios morosos, que han de hacer frente a intereses de demora y gastos de abogado y procurador.

Para una mejor comprensión del contenido de los dos documentos con enlace a este apartado, hay que tener en cuenta que:

  • Si en la columna “Procedimiento” hay una referencia concreta, ésta corresponde al procedimiento que se sigue en la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo, con una sola excepción, indicada en la columna “Observaciones”.
  • Si en la columna “Procedimiento” no hay ninguna referencia concreta, entonces la reclamación aún no ha llegado al ámbito jurisdiccional.

La información facilitada puede verificarse a través de los enlaces a las correspondientes sentencias judiciales, que son firmes y que no han dado pie a otro procedimiento judicial.

En el margen superior derecho de cada documento se indica la fecha de su última actualización.